sábado, 30 de enero de 2010

EDAD DE JUBILACIÓN: 67 AÑOS

Subir la edad de la jubilación hasta los 67 años, es entre otras, una de las medidas propuestas por el Ejecutivo para, según él, Salvaguardar el Sistema Público de Pensiones y Prestaciones Sociales.


El Gobierno no sólo ha propuesto subir la edad hasta los 67 años, también ha decidido contar para el cálculo de la misma hasta los últimos 20 años (ahora se hacía sobre los últimos 15), así como incluir una revisión anual y automática de la edad de jubilación teniendo en cuenta la natalidad, población activa y edad media de vida, además de reducir el gasto público en los próximos cuatro años en cincuenta mil millones de euros.


¿Qué supone todo esto?, pues que de momento y de un plumazo, sin sonrojo ni sofocos, a los ciudadanos, a las clases medias, a los trabajadores, nos suben dos años la edad de jubilación, nos bajan la cuantía de la misma y proponen para su aprobación que anualmente y de forma automática irá subiendo dicha edad cada año.


¿Que qué supone?, simple y llanamente, que si la crisis la estamos sufriendo los ciudadanos de a pie, las clases medias y los trabajadores (con 4.300.000 de parados(, las recetas para salir de la misma también la pagaremos los sufridos ciudadanos de a pie.


¡ESCANDALOSO! y sobre todo ¡INJUSTO!.

Nuevamente el Gobierno echa mano de las recetas más reaccionarias, injustas y nefastas.

Nuevamente un gobierno del Partido Socialista Obrero Español legisla contrariamente a la igualdad, la solidaridad y la justicia social.

Nuevamente un gobierno del PSOE legisla contra los trabajadores y las clases medias. Es más fácil y sencillo legislar contra los intereses generales de la ciudadanía, que contra la minoría de los de siempre, de los poderosos.

Ni siquiera se ha parado a pensar en otras formulas; si ha subido la imposición de las rentas y depósitos bancarios de los ciudadanos del 18 al 20%; también podría igualar a estas la imposición de las SICAV que está actualmente al 1%.

Que si ha anulado la rebaja fiscal de 400 euros; también podría haber retomado la aplicación de Impuesto por el Patrimonio (cuya anulación ha costado que el estado deje de ingresar unos 4.000 millones de euros).

Que igual que se han subido los impuestos indirectos en 2 puntos (IVA e Impuestos Especiales) afectando a todos los ciudadanos por igual, sin tener en cuenta los ingresos de cada cual; también podría haber subido el tramo impositivo de los salarios más altos (del 43% actual al 50%).

Que igual que ha credo un fondo de ayuda para los bancos con problemas de unos 8.000 millones de euros; también podría haber creado un impuesto solidario para la banca, entidades financieras, multinacionales y holding empresariales que operan en nuestro país. Que si de los impuestos que ingresa el Estado de todos los españoles, cerca de 900 millones de euros van a la Iglesia Católica; también podría pensar en profundizar en el laicismo total del Estado y acabar definitivamente con la financiación oficial y estatal de la Iglesia Católica.


Y sobre todo, también podría tener en cuenta que las pensiones no tienen porqué costearse únicamente con las cotizaciones sociales de los trabajadores; que las prestaciones sociales y la jubilaciones también pueden ser garantizadas con los impuestos que el Gobierno recauda de todos los ciudadanos.


Solamente con las medidas citadas anteriormente a modo de ejemplos, el Gobierno podría aumentar sus ingresos en miles y miles y miles de millones de euros con los que garantizar muy sobradamente el estado de bienestar, las prestaciones sociales, las pensiones, las políticas activas de empleo, la inversión pública, etc., etc., etc.


Todo ello demuestra que existen otras vías, otras políticas económicas y laborales, pero el Gobierno las ha desechado, prefiere practicar la política fácil, la más conservadora y liberal; ha decidido unirse a las tesis del PP y la CEOE practicando la política del recorte: flexibilidad laboral, recorte de derechos laborales, alargar la edad de jubilación, rebajar las pensiones, recortar la inversión y reducir el gasto público.


En definitiva, los trabajadores, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, los pensionistas, las clases medias seguiremos pagando cada vez más no sólo los efectos de la crisis si no que también pagaremos la recuperación; mientras los de siempre (los auténticos culpables de la crisis) seguirán enriqueciéndose a nuestra costa.


Ante este atentado social, los ciudadanos tenemos que responder enérgicamente, oponiéndonos activamente y forzando otras medidas, apostando definitivamente por los ciudadanos, para los trabajadores; políticas de reforma del sistema, que profundicen en la democratización de la
economía.


Esta debe de ser nuestra apuesta, mirar decididamente a la izquierda, apostando sin miedo por profundizar en la democracia política; democratizar la economía y conquistar la democracia social.

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